El Gobernador frente a Derechos Humanos

Gabino Garay

Cada época tiene sus retos y la que le ha tocado enfrentar al actual Gobierno de Jalisco es para considerarse en serio y para reconocer esfuerzos cuando se muestran evidencias.

Nada fácil le debe ser enfrentar adversidades que han presentado especial complejidad. Me refiero al problema de la inseguridad, y particularmente lo que respecta a la atención a los familiares de los desaparecidos y de los cadáveres que pasan por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

La fuerte crisis del pasado sexenio se ha enfrentado en el actual con especial esfuerzo y dedicación; las evidencias son claras, aunque la satisfacción de los afectados está lejos de lograrse por la cruel incertidumbre que atormenta a los familiares de los desaparecidos y el dolor de la muerte de los fallecidos.

Ciertamente debe ser incómodo para el Gobernador la gran cantidad de opiniones, quizá muchas de ellas irresponsables; y también la presión de organismos autónomos, particularmente las recomendaciones de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Me llama la atención el pronunciamiento del coordinador general estratégico de Seguridad, Macedonio Tamez Guajardo, en el sentido de que “En lo personal yo no estoy de acuerdo con ese tipo de recomendaciones, aducen a la doctrina internacional de derechos humanos, pero la doctrina no es obligatoria” (Texto publicado en El Informador).

No pretendo descalificar ni sacar de contexto el comentario. Simplemente me parece entendible, aunque no precisamente justificable, por la enorme presión que como servidor público se tiene en el desempeño de un encargo.

A mí personalmente me tocó atender hace años, como servidor público municipal de Tlajomulco, una queja de la que me corrió traslado la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y claro que no es cómodo, pero me detuve a analizar cuidadosamente el tema tratando de ponerme en los zapatos del quejoso, y vi claramente que era atendible y con prontitud le di solución satisfactoria.

También en Guadalajara en 1996 me tocó atender una recomendación que nos llegó por exceso de fuerza del equipo de Inspección al Comercio Ambulante. No es fácil, pero se debe acatar. Por aquellas fechas recuerdo haber acudido al médico y recibí atención por exceso de trabajo y estrés. El asunto es que como gobernante se deben dar soluciones sí o sí.

Por eso también es comprensible la desesperada exigencia que pronunció en su momento Alejandro Martí hace once años, cuando secuestraron a su hijo: “¡Si no pueden, renuncien!”.

Otro tema que me merece reconocimiento del gobernador actual es ver cómo está atendiendo el asunto de la aplicación del mal sustituido Seguro Popular con el INSABI. Criticar es fácil, pero en el momento no creo que enfrentar estos problemas se pueda hacer mejor.

En mi adolescencia tuve una actitud un tanto dogmática, con una buena dosis de buena fe, que se correspondían. Apuntaba en firme que “la autoridad no se equivoca y debe respetarse”; andaba en Utopía. Después maticé que la autoridad es rectitud moral y que quien tiene poder debe tener autoridad. El problema es que no siempre es así.

La moraleja es clara: El poder marea pero es efímero, y además, no es para beneficio personal sino para poner orden; luego continuamos en la rueda de la fortuna.

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